La lucha por las garantías individuales se ha mantenido vigente durante las últimas décadas. Sin embargo, pareciera que lo que se avecina es la lucha por un derecho colectivo: el derecho a la ciudad. Este concepto fue acuñado por el sociólogo y filósofo francés Henri Lefebvre hace 50 años. El autor lo definió como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de ésta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Lefebvre, de ideología marxista, miró venir la cada vez mayor especulación del capital, la exclusión y la pobreza de las clases proletarias. Por ello, propuso un modelo en el que la ciudad es un espacio que se imagina y se construye mediante la intervención directa de sus habitantes.

El estudioso tenía claro que las ciudades iban a tener un papel principal en el desarrollo de la civilización, por lo que representaban una oportunidad para convertirse en espacios de organización social y de resistencia al modelo capitalista.

Al menos en cuanto al crecimiento demográfico de las urbes, no se equivocó. Según cifras del reporte “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, elaborado por ONU-Hábitat, programa de las Naciones Unidas que trabaja para lograr un mejor futuro urbano, esta región es la más urbanizada del planeta, con un 80 por ciento de su población residiendo en ciudades. Además, un poco más de dos tercios de la riqueza de la región provienen de las urbes.

La misión de ONU-Hábitat se enfoca en promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles tanto social como ecológicamente, y la obtención de viviendas adecuadas para todas las personas. Con las limitaciones que implica acuñar este concepto (“misión”), se corre el riesgo de que la interpretación de sus elementos quede a elección de quien lo lee, aunque los documentos de la institución internacional muestran que su trabajo se inspira en el derecho a la ciudad. Esta ambigüedad se incrementa porque el concepto de derecho a la ciudad es relativamente desconocido a nivel popular.

Para contribuir a la discusión del tema, pero sobre todo, a su esclarecimiento, la revista Folios, editada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, dedicó a este tema su número de septiembre pasado. Con la participación de especialistas en sociología, urbanismo, antropología, psicología social, arquitectura y periodismo de países como México, España, Colombia y Puerto Rico, este volumen arroja luz sobre distintos aspectos que deberían ser considerados con el fin de encaminar los esfuerzos a una verdadera materialización del derecho a la ciudad.

La ciudad desde abajo
“La reivindicación por el derecho a la ciudad busca incidir en la manera como los distintos gobiernos elaboran sus políticas y programas bajo la premisa de tomar en cuenta las necesidades vitales de los habitantes”, asienta el editorial de Folios (revista disponible en línea de forma gratuita). Esto es, la ciudad será construida desde abajo, desde su elemento mayoritario que es la población, y el papel del gobierno será principalmente administrativo.

La búsqueda del derecho a la ciudad se alimenta del ideal de terminar con las desigualdades por las que una persona de estrato socioeconómico bajo se
ve en la necesidad de vivir en lugares alejados, con malos o ningún servicio y con grandes dificultades de acceso.

Dado que la ciudad es considerada el espacio natural para la democracia y la organización social, no deja de ser también un espacio donde “lo político se mantiene en permanente disputa”, debido a que el ambiente es complejo y susceptible de albergar fuertes conflictos, sostiene el texto.

La pregunta planteada es ¿cómo puede desarrollarse una ciudadanía plena cuando la arquitectura (en el sentido más amplio) de la ciudad está cimentada en limitaciones, vulnerabilidades, segregación o franca exclusión de sus habitantes? El derecho a la ciudad se va materializando en la medida en que se alcanza una mejor calidad en la democracia.

Para el sociólogo Jordi Borja, adscrito a la Universitat Oberta de Catalunya, las ciudades no representan a toda la población urbana, puesto que la propia urbe tiende a excluir a parte de la población de bajos ingresos a través de distintas maneras: con las leyes del mercado o planeando zonas “separadas por muros materiales o simbólicos”, por ejemplo.

En su artículo Contra la injusticia espacial, por los derechos ciudadanos, la igualdad y la sostenibilidad, el también geógrafo y urbanista sostiene que las ciudades se caracterizan por la desigualdad social, la insostenibilidad ambiental –al contribuir al calentamiento global y tener un alto costo energético y de agua, como se acaba de confirmar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica– y los bajos niveles de ciudadanía (entendida como concepto político). El autor atribuye todos estos fenómenos a “las políticas públicas incrementalistas y cómplices de los poderes económicos”.
No obstante, la solución no puede venir sino de las propias ciudades; una vez más, de sus habitantes, que son quienes pueden exigir un cambio en las políticas públicas. El escenario para esto ya existe, sugiere en su texto Borja, en las ciudades latinoamericanas, donde las clases populares, a raíz de su cultura, suelen “hacer ciudad, o barrio” como espacio de convivencia y de reproducción social.

Como lo esboza el académico, el desarrollo urbano actual se compone de una concentración urbana, la ciudad propiamente dicha, y una periferia que es marginal en muchos sentidos. Gran parte de la búsqueda del derecho a la ciudad se alimenta del ideal de terminar con esas desigualdades por las que una persona de estrato socioeconómico bajo se ve en la necesidad de vivir en lugares alejados, con malos o ningún servicio, con grandes dificultades de acceso, y apartada de donde las grandes actividades sociales, culturales y políticas se desarrollan. Al respecto, comenta Borja: “La ‘injusticia espacial’ es el lugar donde se niega la inclusión y la apropiación del territorio, es la negación de los atributos de la ciudadanía. La injusticia territorial no deriva de la ‘naturaleza de las cosas’. Tampoco se debe la vocación de las clases populares a aislarse de la ciudad”.

Según cifras del reporte “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, elaborado por ONU-Hábitat, esta región es la más urbanizada del planeta,
con un 80 por ciento de su población residiendo en ciudades.

En este sentido, el pensamiento sobre el derecho a la ciudad se basa también en la creencia de que los movimientos sociales organizados (por ejemplo, en México, el movimiento urbano popular) serán los que le den forma a los ideales de equidad efectiva para todas las personas.

Que la ciudad sí sea de todos
Las calles son una institución social, un sistema de convenciones organizadas de cuyo buen funcionamiento dependen parcelas estratégicas de la organización sociourbana en su conjunto, afirma otro catalán, el antropólogo urbano Manuel Delgado, en su artículo El derecho a la ciudad como derecho a la calle.

Para muchas sociedades, la calle es un espacio de socialización donde un individuo aprende la diferencia entre lo privado y lo público, lo que va dentro y lo que va fuera. El barrio, círculo exterior inmediato cuando uno pone un pie fuera del hogar, es para el investigador “el primer mediador natural entre el entorno doméstico y una inmersión plena en la sociedad de desconocidos”.

Además de esto, la calle no sólo es una vía que lleva a las personas de un lado a otro, afirma el autor, sino que también puede ser una plaza, es decir, un lugar deliberadamente colectivo y compartido. Es en este tipo de espacios, calle al fin, donde un grupo “se manifiesta, se muestra, se apodera de los lugares”. Siguiendo la línea marxista, Delgado afirma que “en cuanto al acontecimiento revolucionario, éste tiene lugar generalmente en la calle”.

Revolución o no, muchos objetivos de desarrollo están comenzando a orientarse por este novedoso derecho. Incluso la Ciudad de México, desde 2010, tiene su Carta por el Derecho a la Ciudad. En el documento, que llevó dos años construir, se plantea como objetivos contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable; contribuir a impulsar procesos de organización social, de fortalecimiento del tejido social y de construcción de ciudadanía activa y responsable, y contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice el fortalecimiento económico de los sectores populares.