En los últimos meses, en muchos países, y de modo especial en Estados Unidos, se han incrementado, de manera exponencial, las denuncias relacionadas con el acoso y el abuso sexual. En el mundo del espectáculo la exhibición mediática de dichas conductas ha derribado la reputación de figuras tan célebres como el productor de cine y fundador de la compañía Miramax, Harvey Weinstein, y de comediantes de la talla de Kevin Spacey y Dustin Hoffman, por mencionar sólo dos casos emblemáticos.

El fenómeno no es nuevo, como lo demuestra la vigencia del veto migratorio impuesto, desde hace varias décadas, por el gobierno estadunidense, al realizador de origen polaco Roman Polansky, acusado de haber abusado sexualmente de varias menores, o las polémicas desatadas por los cineastas Woody Allen y el italiano Bernardo Bertolucci, acusado el primero de acoso a una menor de edad, y denunciado el segundo por la actriz Maria Schneider (su protagonista en El último tango en París, de 1972), quien alegó haber sido forzada a someterse a humillaciones físicas y morales, parte de las cuales el director terminó por aceptar.

Un diluvio de denuncias
En muy poco tiempo, apenas unos meses, un gran número de actrices tomaron la decisión de denunciar a Harvey Weinstein por abusos cometidos en su contra años atrás, en ocasiones al inicio de sus carreras.

Entre los nombres de las denunciantes figuran personalidades como Ashley Judd, Asia Argento, Rosanna Arquette, Angelina Jolie, Lea Seydoux, Mira Sorvino y, de modo más reciente, la actriz mexicana Salma Hayek.

El patrón de conducta del productor es invariable. El abuso de un poder patriarcal –reminiscencia del antiguo derecho de pernada– se acompaña de una doble estrategia de acoso sexual e intimidación cuyo propósito manifiesto es obligar a las víctimas a un largo silencio por temor a represalias de tipo profesional (cancelación virtual de la carrera artística o estigma perdurable por una denuncia inverificable o no atendible).

Al romperse finalmente el silencio con las primeras denuncias públicas, se amplifica mediáticamente el escándalo. Lo que ahora se expone abiertamente es lo que durante largas décadas había sido ocultado: la impunidad de los agresores sexuales y su enorme poder de intimidación y chantaje. La revolución tecnológica ha convertido al Internet y a las redes sociales en la gran caja de resonancia que concentra y viraliza lo que antes se dispersaba o trivializaba en las denuncias de reportajes sensacionalistas. Con esta nueva visibilidad y atención mediática, muchas mujeres, dentro y fuera del ámbito del espectáculo, han conseguido superar sus sentimientos de vergüenza o culpa, tomar la palabra en la televisión y en los diarios, y en las redes sociales, y denunciado abusos cometidos años atrás por productores de cine, presentadores de televisión o cineastas. A las voces de las celebridades, se han añadido las de oficinistas, recamareras en hoteles de lujo o empleadas domésticas, quienes coinciden en señalar las mismas prácticas intimidatorias del patriarcado, ya sea en el flirteo que se vuelve acoso sexual o en la violencia física y el lenguaje vejatorio y procaz, o en las descalificaciones morales, el voyeurismo persistente o la exhibición incontinente de la genitalia masculina.

A las acusaciones formales, Harvey Weinstein intentó responder con argumentos falaces: “Yo crecí en las décadas de los 60 y 70, cuando todas las reglas de comportamiento en los lugares de trabajo eran diferentes”, cuando, siempre según su criterio, la depredación sexual era parte sustancial y tolerada de una industria de entretenimiento masivo. Lo cierto es que en su justificación muy endeble, el productor olvida señalar que en esa misma época de revolución sexual y relajamiento de las costumbres se afianzaba ya, paralelamente, una cultura que respaldaba la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

Efectos del pánico sexual
El cambio vendría después, a modo de represalia moralista. Durante los años ochenta, en una era dominada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se impone la noción de una supuesta “mayoría moral” y una regulación de las conductas que marca un claro retroceso en las propuestas culturales progresistas. Se afianza entonces una cultura que penaliza con vigor todo lo que pueda ser o parecer moralmente inaceptable. Son los años también de mayor virulencia de la epidemia del sida, y los efectos colaterales de esa beligerante contrarreforma moral son ataques cada vez más frontales a toda forma de disidencia sexual y a las posturas feministas. Un pretendido saneamiento moral del tejido social favorece así un clima de hostigamiento y paranoia que genera una fuerte sensación de inseguridad entre quienes pudieran ser señalados –de modo comprobado o arbitrario– como posibles infractores sexuales. Son los tiempos del llamado pánico sexual en los que se verifica un notable incremento de denuncias por abuso pederasta en Europa y Estados Unidos, y se exhibe, de modo inédito, la doble moral de sus encubridores institucionales, desde el ámbito gubernamental hasta la más alta jerarquía eclesiástica.

El largo silencio de las víctimas del acoso sexual, tanto en la conducta de los pederastas como en el abuso a las mujeres, preservó así, por un largo tiempo, la impunidad a los agresores. Al recobrar las víctimas la palabra y con ello una nueva visibilidad mediática, se produjo el efecto secundario de difuminar un tanto las fronteras entre el abuso real y una conducta reprensible, pero en definitiva inocua, que pudiera relacionarse con él. Al respecto, el actor Matt Damon señaló recientemente en una entrevista para ABC News lo siguiente: “Existe una diferencia entre tocarle a alguien el trasero y una clara violación sexual o el abuso a un niño. Sin duda, ambos comportamientos deben exhibirse y erradicarse, pero de ningún modo debieran confundirse”. ¿Cómo establecer una jerarquía razonable del abuso y el acoso sexual? ¿Cómo evitar las interpretaciones dolosas de lo que puede considerarse un abuso? Los criterios varían considerablemente según provengan de un colectivo de defensa organizada de las víctimas –como la iniciativa feminista “#me too” (yo también) en Estados Unidos o la francesa “#balance ton porc” (“denuncia a tu cerdo”)– en las redes sociales, o de los agravios individuales que valoran el carácter no reiterativo de la ofensa, la no intencionalidad dolosa, la torpeza en un cortejo, las conversaciones casuales referidas al sexo o los piropos maliciosos que a la postre resultan inofensivos.

Hay situaciones incómodas, a menudo involuntarias, que reflejan ambigüedad en el terreno del acoso, como el roce accidental de genitales masculinos con un cuerpo femenino en un transporte público en horas pico. ¿Cómo valorarlas sin incurrir en injusticias? El peso de la polémica sobre las fronteras del abuso sexual sigue abierta a un gran número de interpretaciones discordantes. Algunas feministas ven en una mirada turbia o en un comentario misógino el anticipo inevitable de un acoso o un abuso sexual. En lo que todos los comentaristas coinciden, sin embargo, es en los efectos positivos que supone para las mujeres el haber recobrado al fin la palabra, perdido el miedo a la tiranía patriarcal, abierto al fin un gran debate, y conquistado no sólo una gran visibilidad mediática, sino la garantía de que, a partir de ahora, ya ningún delito sexual podrá permanecer silenciado o impune.