Notiese. A lo largo de dos días, 11 y 12 de octubre, abogados, defensores de derechos humanos, especialistas y académicos de diferentes partes del mundo y del país se reunieron en la ciudad de México para debatir el impacto que tienen las leyes que penalizan la transmisión del VIH en la respuesta a la epidemia y en el respeto a los derechos humanos de las personas que viven con el virus.

Con el título “VIH no es un crimen”, el encuentro se focalizó en el análisis de diferentes iniciativas de reforma de ley en varios países, y en el caso de México, en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo que buscaban penalizar la transmisión del VIH bajo cualquier circunstancia. Esto se logró en la legislación veracruzana, que hasta el día de hoy, está en espera de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Treinta de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana cuentan con leyes que sancionan la posibilidad de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual bajo la figura de “delito por peligro de contagio”, por lo que especialistas de diferentes partes del país y del mundo cuestionaron la vigencia de dichas normas y señalaron el impacto negativo que tienen en la respuesta a la pandemia.

De acuerdo con datos de la organización civil Letra S, al menos 39 personas han sido procesadas entre los años 2000 y 2016 por sospecha de haber transmitido una infección sexual y/o VIH. La entidad con mayor número de casos registrados es Veracruz, con 15; le sigue Sonora, con nueve; Tamaulipas y Estado de México, con cinco; Chihuahua, con tres, y Ciudad de México y Nuevo León con un caso.

A escala global, 68 países mantienen leyes vigentes en la materia, de los cuales Rusia es el que tiene mayor número de procesados por dicha causa en los últimos dos años con 23 casos, señaló Edwin Bernard, coordinador global de la organización HIV Justice Network. Añadió que, hasta el día de hoy, no hay prueba científica alguna que permita detectar quién fue la persona que infectó a otra.

El también periodista británico añadió que en la mayoría de los casos se implica a una persona con VIH con vida sexual activa de quien se considera que no ha hecho público su estado serológico, sin embargo, añadió Bernard, lo que ocurre es que dichos casos se procesan porque hay una percepción de una exposición potencial o percibida de la infección, pero no una prueba fidedigna de que efectivamente transmitió el virus.

Para el especialista en ética, el impacto de estas leyes en las personas con VIH es sustantivo, pues pueden usarse como amenaza, abuso o represalia, ocasionan investigaciones policiales inapropiadas, generan sentencias desproporcionadas e información mediática estigmatizadora, además de obstaculizar las labores de prevención del VIH.

Trabajarán en red

A Como resultado de la reunión se conformó la Red mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH, que conjunta a 26 organizaciones de todo el país y cuenta con el apoyo de HIV Justice Worldwide, movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH, que redactó una declaratoria dirigida hacia las diferentes instancias gubernamentales encargadas de dar respuesta a la epidemia, así como a la sociedad en general.

Entre los puntos de dicho documento se exige al Estado mexicano asumir el compromiso de garantizar una respuesta al VIH integral (prevención, diagnóstico oportuno y atención integral) y resalta que no es labor de las autoridades judiciales desarrollar e implementar medidas de prevención de la transmisión del VIH.

La declaratoria también recalca que la penalización del “riesgo o peligro de contagio del VIH” o figuras análogas que aparezcan en las legislaciones de las entidades federativas están generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública, además de impedir la garantía del respeto a los derechos humanos de las personas con VIH.

De igual manera, se señala que este tipo de normas van en detrimento de las directrices internacionales en materia de derechos humanos y no ofrecen resultados alentadores en cuanto al control y respuesta del VIH sino, por el contrario, generan mecanismos de discriminación.

Por el contrario, se considera necesaria la ejecución de acciones que se encuentran plenamente identificadas y dirigidas a diagnosticar y garantizar la atención integral y el apego al tratamiento en entornos sociales libres de estigma y discriminación..

Legislación que castiga

En 2015, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal a fin de agregar al delito “del contagio” el término “infecciones de transmisión sexual” (ITS), entre las que se encuentran el VIH y el VPH, para “tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas (vulnerables)”. La pena contempla de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50 días de salario mínimo para quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna ITS.

En San Luis Potosí, el gobernador, Juan Manuel Carreras López, propuso reformas al Código Penal entre las que incluyó la creación del artículo 182 bis, para sancionar a “la persona que a sabiendas de que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual (...) ponga en peligro de contagio la salud de otra persona por medio de relaciones sexuales”.

En Quintana Roo está pendiente discutir la propuesta de reforma al artículo 113 del Código Penal, presentada por la diputada del PRD Laura Beristaín, que busca sancionar hasta con 25 años de cárcel a quien transmita el VIH.