En el marco del 28 de septiembre, fecha en que se desarrolla la Jornada por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina, organizaciones civiles y mujeres de entidades de la República mexicana como Sonora, Nuevo León, Chiapas, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Colima, Campeche, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México se unieron para exigir el cumplimiento a las recomendaciones de la primera declaratoria de alerta de género en el país sobre Agravio Comparado, emitidas por la Secretaría de Gobernación –a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– para el estado de Veracruz, donde hace un año se reformó la Constitución para establecer que en la entidad se protege el derecho a la vida.

En un comunicado de prensa, los y las activistas y defensoras de derechos humanos que han realizado acciones en sus estados para exigir que las autoridades garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Veracruz afirmaron que “la vergüenza que hoy significan las omisiones y acciones de las autoridades de Veracruz impactarían en los derechos de las mujeres en todo el país”.

De acuerdo con cifras proporcionadas por organizaciones locales, entre 2015 y 2016 más de mil niñas veracruzanas fueron madres luego de una violación sexual. La violencia feminicida en dicho estado continúa en aumento y la respuesta de las autoridades es la indiferencia, omisión e impunidad; las muertes maternas que violentan el derecho a la salud y vida de las mujeres es una problemática que se minimiza y que no es atendida.

Rechazo legislativo

A pesar de esto, el pasado 27 de septiembre, el pleno del Congreso veracruzano, con una asistencia de 27 de 50 legisladores, rechazó la iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local, la cual buscaba permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación y ampliar las causales de aborto en la entidad.

El argumento fue que puesto que la Constitución local mandata garantizar la vida del ser humano “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, el órgano legislativo estaba impedido para permitir que en el estado se pueda interrumpir un embarazo, así como para quitar sanciones legales a quienes ayuden a una mujer a abortar.

Llamado global

El mismo 28 de septiembre, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a los Estados de todo el mundo derogar las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados, así como liberar a las mujeres que se encuentren en prisión por cargos de aborto para contrarrestar los estigmas contra el mismo.

Dos expertas y un experto hicieron un llamado para que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de las Naciones Unidas a favor del aborto seguro en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a descriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.

Dicho llamado fue impulsado por Kamala Chandrakirana, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica; Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, y Dainius Puras, relator especial sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del más alto nivel posible de Salud Física y Mental. El grupo sostiene que demasiadas mujeres en el mundo continúan sufriendo leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones.

Para estas personas expertas, “las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y sujetan sus cuerpos a los propósitos políticos, culturales, religiosos y económicos de otras personas. La criminalización del aborto perpetúa aún más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres. El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrentan al buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos”.

Además recalcaron que “la posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino un derecho de cada mujer y cada niña”.

A nivel internacional

El pasado 14 de septiembre, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó una ley que despenaliza el aborto en la nación andina por tres causales: cuando la vida de la mujer corra riesgo o la gestación implique una grave afectación a su salud, cuando haya inviabilidad del feto (incompatibilidad con la vida extrauterina) y cuando sea producto de una violación.

Tras firmar la promulgación, la mandataria dijo: “Ese es el país que nos pertenece a todos, el país que dialoga, que conversa, que no impone. Sin duda, hoy día Chile es un mejor país”.

Entretanto, en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes se discute un proyecto de ley que prohíbe la interrupción del embarazo después de la semana 20 de gestación en productos tardíos que puedan sentir dolor.

De acuerdo con la iniciativa, sólo podrá permitirse un proceso si el producto es derivado de una violación o de una relación incestuosa. Para comprobarlo, se deberá contar con un dictamen médico por parte de una agencia estatal o federal.