La distancia que caminó jamás se supo. Edgardo trató de dirigirse hacia su casa después de haber sido agredido con tres puñaladas, una en el cuello y otras en sus extremidades inferiores. Metros antes de llegar a su domicilio, antes de desvanecerse, alcanzó a tocar una puerta vecina pero nadie respondió. Murió en la vía pública, en su natal San Luis de la Paz, Guanajuato, sin saberse quiénes lo atacaron ni las posibles causas de su homicidio, probablemente motivado por su orientación sexual, asegura José de Jesús Mata, director de la organización civil LGBT Guanajuato, quien dio seguimiento al caso hasta que los familiares desistieron ante los argumentos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato de que no había “a quién culpar ni pistas que seguir”.

La lectura de Mata es otra. En el segundo semestre de 2016 se registraron tres crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en territorio guanajuatense, incluido el de Edgardo, quien era estudiante de administración y tenía sólo 21 años de edad cuando lo mataron, el 10 de octubre. Era abiertamente gay, pero no se involucraba en el activismo ni en la organización de eventos como la Primera Marcha del Orgullo Gay en el municipio, que tuvo lugar el 24 de septiembre, 20 días antes del funesto hecho. “Era sociable, pero muy tranquilo”, recuerda Mata, quien es oriundo del mismo municipio.

El primero de los crímenes registrados de los que habla el activista fue el de Paulett, ganadora del concurso de belleza gay Nayarit 2015, oriunda de Puerto Vallarta, quien se encontraba de visita en Irapuato con una amiga y desapareció dos días después de su llegada, tras encontrarse con una persona hasta hoy no identificada. Prosiguió una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales y una denuncia ante el ministerio público irapuatense, que un mes y medio después notificó el hallazgo de un cadáver calcinado en un terreno baldío de la ciudad de Celaya. Era Pauly, como le decían sus amistades más cercanas. El expediente sigue abierto pero no se han dado a conocer más avances.

Dos días después de lo ocurrido a Edgardo, se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer trans en una brecha que une a las comunidades de La Estación La Piedad y Las Coloradas, en Pénjamo, Guanajuato. La policía identificó a la persona conforme a su identidad de nacimiento y no por la de género. Las primeras investigaciones arrojaron que “debido a la rigidez que presentaba la víctima al momento del hallazgo se presume que fue asesinado (sic) en el lugar la noche anterior”. Se integró la carpeta de investigación pero ya no se indagó más.

Estos tres crímenes, asevera el activista guanajuatense, coincidieron con los esfuerzos del Frente Nacional por la Familia por convocar marchas en contra de la propuesta de reforma al Código Civil en materia de matrimonios igualitarios. Asimismo, la iglesia católica guanajuatense se negaba a aceptar la posibilidad de la unión entre dos personas del mismo sexo y las autoridades locales se negaban a hablar del tema a pesar de que se le solicitó una cita al gobernador Miguel Márquez y a los presidentes municipales de Celaya y San Luis de la Paz, lo cual comprueba que en Guanajuato “todavía se debe permanecer en el clóset” debido al ambiente homofóbico prevaleciente, sostiene Mata.

Una de las mayores problemáticas que enfrentan las y los activistas LGBTI es que sólo los familiares de las víctimas pueden involucrarse en las investigaciones periciales,
pero muchas veces ya no desean seguir las indagatorias, o no se presentan a reclamar el cuerpo ni a dar seguimiento.

Leyes sin armonía

La Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí son las entidades federativas que han modificado sus códigos penales para incorporar alguna mención de la orientación sexual y/o la identidad de género como una agravante de delitos dolosos, entre ellos el homicidio.

La primera entidad en modificar su código penal fue la Ciudad de México, que en 2009 cambió el capítulo referente al delito de homicidio para estipular que puede considerarse calificado porque existe odio cuando se comete por la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

En Baja California Sur existe una agravante del homicidio por discriminación. Al sur del país, en Campeche, la legislación local sanciona los delitos de odio que puedan derivar en violencia física o psicológica por diferentes causas, entre ellas la orientación sexual o identidad de género.

El Código Penal de Coahuila menciona la categoría de “motivos depravados” cuando alguien lesiona o asesina a una persona por “placer; codicia; o por odio racial, de preferencia sexual o religioso”. En Colima se le denominó “homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género”.

En Guerrero, la normatividad penal sanciona a quien cometa lesiones u homicidio “en razón de la orientación sexual o razón de género” de la persona. En Michoacán está contemplado bajo el nombre de “homicidio en razón de la preferencia sexual”. El Código penal de Nayarit indica que el homicidio y las lesiones pueden ser calificados cuando “se cometan por motivos de odio por la condición de género (o) preferencia sexual”, entre otros factores.

Puebla, por su parte, establece que el homicidio y las lesiones pueden ser calificadas cuando “hay odio” y éste es producto de “las preferencias sexuales”, entre otras causas. En Querétaro, “los motivos depravados o de odio” por preferencia sexual acreditan el homicidio calificado. En el caso San Luis Potosí, su Código Penal establece que el homicidio calificado puede ser causado por el odio hacia una persona a razón de su orientación sexual o identidad de género.

Caso particular es el de Oaxaca, cuyo Código Penal no contempla al odio como una posible causa de homicidio, pero sí existe un protocolo específico de atención a las personas LGBT en la procuraduría del estado, donde se recomienda específicamente tomar como un factor la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

Investigaciones que no avanzan

En septiembre pasado, , en la Ciudad de México, Paola, mujer trans, fue asesinada por Arturo Delgadillo, un guardia de seguridad que contrató sus servicios sexuales y de manera imprevista, le disparó al interior del auto que conducía. Fue capturado gracias a que compañeras de Paola escucharon los disparos y le cerraron el paso al auto. Tanto las testigos como los policías que detuvieron a Delgadillo lo identificaron como autor del crimen, sin embargo, el juez Gilberto Cervantes Hernández lo dejó en libertad a los dos días.

Activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT, en específico los de las personas trans y las trabajadoras sexuales, Alessa fue hallada sin vida al interior de un cuarto de hotel, también en la capital mexicana. Estrangulamiento, dictaminaron las autoridades, pero no se supo nada más, sólo que era un posible cliente.

Casi ocho meses han transcurrido de estos hechos. En el caso de Paola se volvió a girar una orden de aprehensión en contra del culpable. En el de Alessa, hay un retrato hablado y no se ha cerrado la investigación, informa Rocío Suárez, coordinadora general de Centro de Apoyo a las Identidades Trans, organización civil que da seguimiento a los transfeminicidios en el país, y de los cuales van seis durante 2017.

Suárez explica que a raíz de estos hechos, el gobierno capitalino generó una serie de compromisos relacionados con la atención a las condiciones de vida de la población trans, entre ellos, incorporarlas al programa de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social para otorgarles un seguro contra la violencia, en caso de haber sufrido alguna agresión; la posibilidad de acceder al seguro de desempleo cuando el despido haya sido motivado por una situación de discriminación a propósito de orientación sexual o identidad de género y la facilitación de los trámites para contar con un acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

 

En la Ciudad de México, la procuraduría local cuenta con una unidad de atención a personas LGBTI y una unidad de investigación para homicidios por odio derivado
de la orientación sexual o identidad de género de la persona, así como protocolos específicos de actuación.

 

Sin embargo, “falta configurar en el código penal o en los protocolos de la procuraduría el tema de los transfeminicidios, que tendrían que ser equiparables al feminicidio, y establecer las maneras en que los policías ministeriales deben abordar estos casos, cómo resguardar las evidencias, entre otras cosas primordiales”, indica Suárez

Entre julio y septiembre del año pasado, se registraron dos agresiones a parejas del mismo sexo, una de mujeres lesbianas y otra de hombres homosexuales, en Monclova, Coahuila. En el caso de la primera pareja, una noche de julio, mientras compraban algunas cosas en una tienda de convivencia fueron agredidas por un hombre que se burló de su orientación sexual. Al confrontarlo en la calle, atropelló a una de ellas y le causó la muerte. En el segundo caso, una pareja de hombres fue atacada en su casa y falleció a causa de las heridas provocadas por armas punzocortantes.

Los casos se cerraron por petición de las familias de las víctimas, explica Leonardo Ruiz, coordinador de Grupo San Aelredo, organización civil de defensa de los derechos de la comunidad LGBT coahuilense, quien refiere que a pesar de la promesa gubernamental de hacer algunos cambios en la procuraduría, como la creación de una fiscalía especializada, éstos no se han suscitado. Tampoco, agrega, se ha modificado el código penal para tipificar de manera explicita los crímenes de odio por homo, lesbo o transfobia, una iniciativa que permanece congelada en el Congreso.

Tanto Suárez como Ruiz coinciden en que una de las mayores problemáticas a las que se han enfrentado es que sólo los familiares de las víctimas pueden involucrarse en las investigaciones periciales, pero muchas veces ya no desean seguir las indagatorias, o no hay familia que reclame los cuerpos o que dé seguimiento al caso, “quedando impunes los hechos”. Un protocolo efectivo de atención a este tipo de crímenes debe permitir que “personas cercanas” a las víctimas puedan intervenir, e incluso, reclamar los cuerpos cuando los familiares no acuden a los ministerios públicos.

Crímenes invisibles

En mayo de 2016, en el marco del Día Nacional contra la Homofobia, activistas LGBTI pidieron al presidente Enrique Peña Nieto crear un Registro Nacional de Casos de Crímenes de Odio por Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

“Para las procuradurías sólo hay asesinatos de hombres o mujeres”, advierte Rocío Suárez, quien sentencia que, como consecuencia, “no hay registro de transfeminicidios o crímenes de este tipo”, y por tanto, “no se toman medidas al respecto, porque no existen”.