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Violencia feminicida: un desafío para el Estado mexicano

La grave situación de la violencia feminicida que persiste en el país, sigue siendo uno de los grandes desafíos para el Estado Mexicano. La conformación de este tipo de violencia nos habla de patrones complejos y diversos en los que las mujeres están siendo violentadas y privadas de la vida; violencias que se dan tanto en ámbitos públicos como privados, que son perpetradas por agresores conocidos o desconocidos en un contexto de criminalidad generalizada.

Las víctimas de la violencia feminicida son hijas, madres, hermanas, amigas, trabajadoras, profesionistas, indígenas, amas de casa. Todas ellas son violentadas en su integridad y en su vida, por una cultura machista y misógina, que además de discriminarlas, las culpabiliza y criminaliza de la violencia de la que son objeto. Las  mujeres son sometidas a actos crueles con los que son violentadas y asesinadas: golpes, quemaduras, estrangulamientos, agresiones sexuales y una diversidad de métodos de extrema brutalidad.

Es importante reafirmar que según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El aumento de feminicidios en México es preocupante. Tan solo de enero de 2014 a septiembre de 2015 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 2 mil 391 asesinatos de mujeres ocurridos en 17 estados del país, y de éstos solo 972 fueron investigados como feminicidios. En los últimos meses la violencia feminicida ha cobrado víctimas entre las mujeres trans, asesinatos que responden a los discursos de odio misógino y transfóbico promovido por los fundamentalistas de derecha.

Por otra parte, las investigaciones realizadas por el OCNF, han permitido identificar la desaparición de mujeres como un patrón íntimamente relacionado con el feminicidio, en el que principalmente niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años desaparecen para posteriormente ser encontradas asesinadas.

Esta tragedia tiene un rostro de dolor, sufrimiento, rabia, indignación, desesperación, pues estos delitos no solo expresan la discriminación contra las mujeres, sino la impunidad que deja sin castigo a los responsables y sin justicia a las víctimas.

Al no actuar con debida diligencia y perspectiva de género, las autoridades de procuración y administración de justicia envían a la sociedad un mensaje de tolerancia y permisibilidad que incrementa el riesgo al que están expuestas las mujeres.

Es necesario y urgente que la violencia feminicida se atienda de forma diferenciada. Esto implica poner en práctica políticas públicas diseñadas específicamente para cada una de las diferentes formas de violencia, a partir de mecanismos eficaces de atención e investigación que puedan ser evaluados oportunamente.

En Católicas por el Derecho a Decidir reconocemos el trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Instituto Nacional de las Mujeres, quienes han tomado en cuenta nuestras propuestas para la implementación de políticas públicas dirigidas a atender este tipo de violencia. Sin embargo, el Estado mexicano aún tiene el reto de garantizar la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia feminicida.


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