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Negar el acceso al aborto legal por violación, grave violación a derechos humanos de niñas y mujeres

Karen, una joven indígena de 16 años, fue secuestrada por su tío y violada sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de escapar, Karen y su mamá fueron a hacer una denuncia al Ministerio Público enTlapa, Guerrero. Sin embargo las autoridades ministeriales no levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto debido a que no creyeron en su palabra y afirmaron que se había ido voluntariamente con su tío. Al final, la joven recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil para interrumpir el embarazo producto de la violación en la Ciudad de México.

Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, el caso de Karen ejemplifica los serios obstáculos que todavía subsisten para cumplir con las leyes vigentes en los estados de la República mexicana. Incluso, a partir de la modificación de la Norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de la violación ante el Ministerio Público, se siguen usando argumentos legales, se aduce falta de información, o se recurre a un uso inadecuado de la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres que recurren a los servicios solicitando la interrupción legal del embarazo.

Es lamentable que las autoridades estatales siguen revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto legal al poner en duda que las mujeres y niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños psicológicos graves. Esta situación se agudiza cuando se trata de niñas y adolescentes porque se encuentran en mayor desprotección, lo que se pone en evidencia al ocupar México el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en contra de menores de 14 años. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016, en el periodo del 2010 al 2015 una de cada cuatro niñas sufrió de abuso sexual antes de cumplir 18 años y 6 de cada 10 abusos sexuales fueron cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Por su parte, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA) reporta que la mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación.

Diversos mecanismos internacionales han recomendado al Estado mexicano garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, más aún cuando se trata de casos en los que está en riesgo la salud e integridad de mujeres y niñas.

Por lo anterior es fundamental que los gobiernos estatales garanticen el acceso de mujeres y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo y a sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las re-victimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local. Asimismo, las autoridades de salud locales deben implementar la Norma 046. De lo contrario, estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de una violación.

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